Antecedentes de la mercantilización del agua en México: la Ruta Thatcher – Salinas

Un índice bursátil para los precios del agua amenaza con extenderse en todo el planeta

El primer antecedente del uso del agua con fines mercantiles sucedió en Londres en 1989. Fue en el país británico donde surgió por primera vez, el concepto de la privatización del agua.

Margaret Thatcher dio impulso a la causa elogiando las virtudes de la privatización: concesionar a compañías privadas la gestión, distribución y administración financiera para el cobro de agua, además, desconocer el recurso como un bien público.

A Thatcher se le considera la estratega ejecutora de la Globalización en todo occidente y, también, una maestra de las privatizaciones. Su influencia en el presidente de México durante aquel periodo respondió a una serie de decisiones privatizadoras en nuestro país. Fue el inicio de la década de los noventa.  

Exactamente el mismo año de la privatización londinense del agua, 1989, Carlos Salinas de Gortari creó la Conagua y, para 1992, aprobó la Ley de Aguas Nacionales (LAN), aún con vigencia establecida y próxima a cumplir tres décadas en el 2022.

Las grandes beneficiadas a lo largo de un periodo de más de 30 años fueron las corporaciones influyentes, entre ellas se pueden contar: mineras, refresqueras, ganaderas, lecheras, agrícolas, cerveceras, inmobiliarias, hidroeléctricas y empresas del sector turístico.

Fuente: Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos

La cronología continuaría la mañana del 26 de febrero del 2015, cuando la Cámara de Diputados fue testigo de una noticia sorpresiva: la gaceta parlamentaria anunciaba el nuevo dictamen a implementarse sobre la Ley General de Aguas, también llamada la Ley Korenfeld. Ahora, los megaproyectos concesionados y la reforma energética, aprobada en 2012, contemplaban la privatización total del agua a obras hidráulicas, sumando un vampiro hídrico más a la ecuación.

Entonces, los colectivos ciudadanos, asociaciones, instituciones, universidades, comités y comunidades religiosas unieron sus fuerzas en defensa de la causa: lucharon para que el dictamen previo a una concesión de 60 años no sucediera una vez más.

En teoría, esta Ley otorgaba facultades extraordinarias a la Conagua para brindar concesiones prorrogables hasta 60 años y garantizar el suministro de agua a las corporaciones participantes, además, asignaba por debajo del nivel internacional de 100 litros diarios a 50 litros disponibles para uso humano.

Este antecedente, idéntico a la Ley implementada en el Estado de México para la gestión del agua en el periodo del gobernador Enrique Peña Nieto, extendía sus tentáculos hacia otros rincones del país, apostando por el modelo implementado en trasvases de agua.

Sin previo aviso y sin reconocimiento de la sociedad organizada, la Ley Korenfeld permitía la privatización del agua tras la concesión de grandes obras hidráulicas cercanas a las principales ciudades del país. Asimismo, la Ley también consideraba criminalizar la investigación científica de comunidades u organismos independientes que otorgaran planteamientos opuestos. Además, se conceptualizo, por primera vez, la idea de privatizar el agua de lluvia, como lo hizo el gobierno australiano en el año 2010.

Actualmente se propone, desde Wall Street, la idea de extender e implementar hacia todo el planeta la modalidad de los mercados del agua, considerándolo como un producto financiero.

El pretexto de los banqueros e inversores es culpar a la sociedad. Construyeron una narrativa, se apoderaron de un discurso y están ejerciendo presión mediática nunca antes vista mediante campañas intensas acerca de los beneficios de la financiarización del agua, una perspectiva envuelta con posverdad.

A este juego de inversores, han arribado inmorales agentes financieros del agua, con la sed de ganancias y con los instrumentos de fondos de capital privado, o fondos buitre.

La escasez de agua podría significar la crisis de nuestro tiempo, para todos los seres humanos, animales y ecosistemas. No obstante, los mercados y ejércitos financieristas: bancos, sectores, empresas y medios de comunicación, desean lucrar con la tragedia, decidir e iniciar una nueva fase que signifique el fin del agua barata y gratuita.

Ismael Guzmán
Fundador y Director de Pulse Coder. Escribe sobre digitalización, ciencia e innovación tecnológica.

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